Artículo del periódico El
Proceso, del 16 de febrero de 2014.
La noticia trata de una reunión
de periodistas, y las organizaciones Reporteros
sin Fronteras, Artículo 19, la Red de Periodistas de a Pie, la Casa del
Periodista del Distrito Federal y otras organizaciones civiles, que defiende la
expresión libre. La ocasión de la reunión es el asesinato del periodista Sr. Gregorio
Goyo Jiménez de la Cruz, quién fue
reportero de Liberal de Sur y Notisur.
La intención de la reunión fue llamar la atención a las condiciones de
trabajo de los periodistas, quienes viven con amenazas, por usar su derecho a
libertad de expresión en su trabajo. El artículo menciona, que solamente en Veracruz en los
pasados tres años han sido asesinados diez periodistas. Las organizaciones y
los periodistas ya están frustrados y dicen que nadie del estado los escuchan, y en nivel nacional.
Su punto de vista es que el Sr. Jiménez de la Cruz es más que una
persona, representa a todos los periodistas, es decir que lo que le pasó,
podría pasar por todos los periodistas, aunque el estado y los derechos deben
protegerlos.
También piden desde la reunión que esta vez se investiguen en nivel
federal, es decir que sea la Fiscalía Especial de Delitos contra la Libertad de
Expresión de la PGR (FEADLE).
Al final de la visita, varios expresan una preocupación por lo que
pasa en Veracruz.
En mi opinión, esta reunión plantea un problema muy grave. La condición
de vida y trabajo de os periodistas dicen mucho sobre una sociedad, y un
estado, porque el derecho de libertad de expresión es un derecho fundamental,
lo cual establece la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU.
Normalmente, se habla de problemas con asegurar este derecho en países
de guerra, ó con regímenes brutales, y a veces se lo ve como evidencia en
países democráticos, pero como vemos aparentemente así no es en México. Cada vez que un país no puede asegurar
cualquier de los derechos humanos, se debe considerarlo en el nivel político
más alto del estado, pero en este caso me parece que el gobierno mexicano,
igual como el anterior lo ha tomado en serio el problema.
Por eso opino, que los periodistas veracruzanos y las organizaciones
tienen toda la razón juntarse para llamar la atención del pueblo y de los
políticos de varios niveles del país, para que implíquense por un lado en
resolver el problema, y al otro lado realicen la investigación del asesinato de
Sr. Jiménez de la Cruz.
En conclusión, detrás de la reunión de los periodistas veracruzanos y
varias organizaciones está un problema muy serio, que no solamente es un
problema interno entre los periodistas, sino un problema de todo el país,
porque si el estado no puede asegurar este derecho humano, ¿cuál otro de los
derechos más no puede asegurar?
Según yo, tienen toda la razón tratar de llamar la atención, porque
por tener este problema todo México puede considerarse como un país mucho menos
desarrollado que lo que normalmente se piensa.
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