Ante la pregunta de si se debe o no negociar con el narco el fin de la guerra se plantean dos alternativas: unos dicen que sí y otros dicen que no.
Los que dicen que “no” argumentan: No vale la pena negociar con criminales, eso nunca se hace. Si alguien me roba o secuestra o mata a un pariente ¡qué voy a andar negociando! Al contrario, apelo al contrato sociedad-gobierno en el Estado y llevo a los criminales ante la justicia. Además, que el criminal lo único que hace es dañar a la sociedad y al negociar estoy recompensando dicha actitud y estoy enviando la señal incorrecta: “actúa de manera criminal y serás perdonado tarde que temprano”.
Los que dicen que “sí” exponen lo siguiente: esto es una guerra que ya ha cobrado casi 40,000 muertos. El daño que esto está causando al tejido social y al contrato sociedad-gobierno es incalculable, el Estado se está desmoronando. En cualquier guerra, incluso en las que hay ganadores claros, siempre hay negociaciones al final. El principal problema es la capacidad de infiltración del narco en las instancias gubernamentales, sobre todo en las encargadas de administrar la justicia. Dicha infiltración es imposible de perseguir bajo las actuales circunstancias. La guerra debe finalizar para poder reconstruir la relación gobierno-sociedad.
Sobre el primer bloque de argumentos se podría decir que el problema va más allá de una bola de criminales haciendo de las suyas y luego las autoridades y la sociedad actuando en su conjunto para acabar con el problema. La situación es más complicada que eso. Uno de los grandes problemas de esta guerra es que el enemigo se identifica con o coopta plenamente a las autoridades que deberían perseguirlo. Ojalá todo fuese tan sencillo y se pudiese seguir sin problema alguno el consejo de Calderón de decir ¡ya basta! a los criminales y santo remedio. En la mayor parte de los estados de la república hay autoridades que trabajan para el narco y por más que les digan que ya basta, pues las atrocidades siguen sin una motivación real de cambio.
Por otra parte, esto no es un problema de administración de justicia, esto es una guerra y cualquiera de los habitantes de este país puede ser una baja, ya sea objetiva o colateral. En una guerra la paz se negocia, es una de las características esenciales de cualquier conflicto bélico. El principal argumento en contra de este planteamiento es que de todas maneras, para donde se muevan las cosas, se va a tener que negociar, y qué mejor hacerlo ahora y no cuando lleguemos a 100,000 muertos.
En relación a la segunda postura, pues hay que pensar qué tipo de negociación se puede llevar a cabo y bajo qué circunstancias se podría obtener una negociación óptima. El gobierno mexicano puede declarar victoria, con o sin el aval del gobierno norteamericano, decir que ya se acabó el problema y que de ahora en adelante el asunto queda en manos de las policías estatales o el famoso mando único; en realidad eso es lo de menos. Esto sólo se lograría pactando con la mayor parte de los cárteles mexicanos. La columna vertebral del pacto sería que Estados Unidos combata al narcotráfico en territorio norteamericano, que los grupos de narcotraficantes se encargasen de acabar con el crimen organizado que se ha generalizado en el país y que el ejército regrese a las barracas. Esto tan solo sería el comienzo.
El problema con la segunda postura es que no hay garantía de que los narcos lleguen a cumplir su palabra, sobre todo si es cierta la percepción del 60% de los mexicanos de que el narco es el que va ganando la guerra. También se pone en duda de que todos los grupos del narco quieran formar parte de esta negociación. Los grupos del narco que controlan las fronteras con los E.U. serían los más propicios de entrar en la negociación, ya que sus beneficios serían inmediatos, pero otros grupos les daría lo mismo negociar que no negociar; así que mejor no negociar, ¿para qué arriesgar lo que se tiene ya ganado?
En contra de la negociación estaría la postura del gobierno norteamericano que, en lugar de ver por el bienestar de su ciudadanía que cuenta con altos índices de drogadicción y atender sus problemas al respecto de la manera más efectiva, pues se empecina en resolver sus problemas mediante el combate a la oferta a través de una cínica transferencia de costos de guerra a países de tercer mundo, en este caso Colombia y México.
La suspensión de la guerra en México, negociada o no, parece ser la estrategia dominante. Que Estados Unidos resuelva sus propios problemas, que el gobierno norteamericano le responda a sus contribuyentes con lo que quiera: con programas masivos de educación y reestructuraciones institucionales al respecto (¿si ha funcionado con el alcohol y el tabaco, por qué no con las demás substancias adictivas?), con la legalización de la droga, sacando a la Guardia Nacional en sus propias calles… Pero no más muertos en México. Actualmente el gobierno mexicano puede tomar la iniciativa de poner fin a la matanza. Después quién sabe, a lo mejor después lo único que funcionaría y ciertamente no para bien, sería un régimen militar que de todas maneras acabe negociando el fin de la guerra, pero que marque la muerte de nuestra incipiente democracia…
Todavía se está a tiempo de evitar más muertes y salvar a nuestra democracia de este endemoniado experimento norteamericano con cabezas mexicanas. De todas maneras, el problema de las adicciones nunca se va a acabar. Siempre va a haber una oferta y una demanda para las substancias adictivas, legales o no, primer mundo o no. Ingenuo aquél que piense lo contrario: nada más hay que revisar la historia de la humanidad de los últimos cinco mil años al respecto…
Dr. Cano
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