Katya Hernández Hernández.
Lic. Ciencia Política.
Universidad de las Americas Puebla
Esta mañana la Amnistía Internacional expresó su preocupación por la “Innación” del gobierno mexicano por dotar a las personas que viven en extrema pobreza con mecanismos para hacer exigibles sus derechos.
El país se encuentra con una serie de retos, no solo en seguridad, educación, sino también en pobreza, que son mucho más complejos y requieren un plan efectivo para salir de este letargo,
Haciendo mención de los cincuenta y dos millones de personas viviendo en pobreza, cifra que muestra lo grave de la situación a la cual se tienen que enfrentar a diario miles de personas, según lo demuestra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Tal cifra nos proporciona una imagen clara de que los derechos económicos, culturales y sociales están siendo violados a pesar de que se encuentran establecidos por el derecho internacional, donde obliga a los Estados a asegurar el disfrute de tales derechos, con tal de obtener una mayor ganancia sin importar cuantas personas tengan que ser sacrificadas; abusando de la ignorancia y de la necesidad de esta mayoría que no tienen acceso a los poderes públicos para poder manifestar y exigir el respeto a sus derechos y la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Dejando a un lado a esta parte de la sociedad mexicana para la consulta en el diseño de las políticas correctas para disminuir la pobreza
Haciendo énfasis en una necesaria implicación gubernamental, la integración de derechos humanos en políticas oficiales de lucha contra la pobreza, contar con la participación efectiva de las personas que viven en situación de pobreza en el diseño y ejecución de las políticas de lucha contra la misma, para garantizar una vida digna y cada uno de los derechos, tales como, económicos, sociales y culturales para los habitantes del país.
Amnistía Internacional sugiere una implementación de mecanismos que a todos los niveles permitan hacer rendir cuentas por las violaciones de derechos económicos sociales y culturales a los responsables de dichas violaciones. Buscando que México cumpla con sus obligaciones y firme el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para rendir cuentas ante las Naciones Unidas
Es claro, que nuestros gobernantes no son capaces de poder visualizar un problema a menos que reciba un llamado internacional, para así poder comenzar a actuar; el incremento de pobreza en México es alarmante, al igual que el hecho que valores humanos sean ignorados por ciertas clases trabajadoras en búsqueda de un bien propio, al igual que por el propio gobierno.
Para poder comenzar con una lucha contra la pobreza, será necesario que aspirantes al poder, partidos políticos, dirigentes municipales y estatales comiencen a ver el problema de cerca, es decir, involucrase, no bastará una simple visita a las zonas con el conflicto, estudiar y hacer un análisis de la sociedad en el área, para así comenzar con una implementación de leyes donde se exija a los contratantes hacer cumplir los derechos de estas personas; tal actividad no solo ayudará para el cumplimiento de leyes, también para comenzar con un plan de acción para la educación y empleo.
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