LEGITIMIDAD DE UN ESTADO

Autor: Rafael Zentle González ID: 142238

Relaciones Internacionales-UDLAP

Hoy en día me he encontrado en una situación difícil, últimamente esa duda existencial por la cual todos pasamos recae en mí. Pero al pasar un rato descubro una verdad inobjetable para mí, “Dios existe” porque lo he visto (sin duda alguna será por la locura que causa la búsqueda del “ser”), en la calle, en las cosas que viven: la naturaleza y en el mismo ser humano. De pronto me surge una pregunta derivada de ideas aprendidas en la escuela y de experiencias vividas, ¿la legitimidad de un estado es dada por Dios o por el hombre?.

En principio estoy seguro de que Jesús no vino con el fin de politizar las cosas que había dicho; sin embargo es inevitable ya que los hijos de Dios tienen que gobernar la tierra. Este es un tema muy complejo ya que Pablo en la epístola a los Romanos nos dice que los cristianos deben de obedecer, someterse a toda autoridad, porque esta viene de Dios. Por lo tanto ¿será que realmente tenemos que pensar que debemos servir a dos amos?, esto me recuerda al libro de Agustín de “La ciudad de Dios” donde habla acerca de la ciudad del hombre y la de Dios. En la concepción de Agustín sobre que el estado se forma no por la naturaleza del hombre sino por la naturaleza de la humanidad y de su pecado original (la desobediencia) y me pongo a pensar, ¿es necesario tener un estado formado por el hombre? En la biblia se encuentra todo incluso la forma de gobierno y jerarquía en la cual nosotros debemos estar, para mí no tuvo que haber tomado el cristianismo la aceptación del estado, someterse a él tal vez, pero no aceptarlo porque poco a poco los iba a poner a la cabeza (pero sin duda no entendieron las palabras de Jesús ni de los apóstoles).

La necesidad que tubo después el estado de separarse de la iglesia fue por la razón de que la misma iglesia no se diferenció realmente como  el poder legítimo de Dios.

La legitimidad por lo tanto Dios se la da a el gobierno del estado y no a la iglesia que a esta se la daban solo unos cuantos hombres que seguramente no estaban inspirados por Dios. Y ahora podemos comprender por qué Dios permite que el estado sea autoridad sobre los creyentes.

Lutero Recalca la hipocresía de la iglesia y la falsedad de su legitimidad en cuanto a su gobierno. De esa manera rescata la imagen de los verdaderos creyentes que hacen  resaltar que cuando la legitimidad es dada por Dios no tendrían que existir el tipo de situaciones que los papas ocasionaron.

Hoy en día parece que esta temática no tiene sentido, pero tomando en cuenta que diversos sistemas están decayendo sobretodo en el medio oriente y viviendo esta situación en México nos hace voltear a ver tan solo un momento a Dios y buscar o probar si él tiene la respuesta a este mundo que se cae a pedacitos.

En conclusión podríamos tratar de responder a la pregunta del primer párrafo, la legitimidad del estado es dada por Dios; sin embargo él da la pauta para que el hombre decida hacer lo que a él sea conveniente o lo que le parezca mejor refiriendo todo esto al libre albedrio del que hablaba también pablo. Y todo esto surge por la emancipación que el hombre desea de Dios y que a mi parecer lo ha estado consiguiendo ya que el mundo está bajo la palabra de hombres.

DEBATEN EN CORTES LEYES ANTIABORTO

Kora Itzel Cordova Lara
Relaciones Internacionales - Universidad de las Americas Puebla

Con un primer planteamiento del ministro Aguirre Anguiano, la SCJN volvió abrir la discusión de este tema para revisar reformas de Baja California y San Luis Potosí, que establecen el derecho a la vida desde la concepción.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió abrir la discusión del tema del aborto, para revisar las reformas constitucionales de Baja California y San Luis Potosí, que establecen el derecho a la vida desde la concepción.

Esto sucede tres años después de avalar la reforma que despenalizo el aborto en el Distrito Federal.

El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano realiza en este momento la exposición de motivos.

Los actuales proyectos de sentencia del ministro Fernando Franco plantean la inconstitucionalidad de las enmiendas, por atentar contra la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres, particularmente su libertad y salud reproductiva, además de ser contrarias a la Constitución federal.

Reformas similares a las de Baja California y San Luis potosí, que establecen una protección absoluta a la vida prenatal desde la concepción o fecundación, fueron aprobadas por otros 16 congresos locales tras la despenalización parcial del aborto en el Distrito Federal, avalada por la corte en 2008.

Las entidades que aprobaron este tipo de enmiendas son, además de los dos casos en estudio ante la Corte, Chihuahua, Sonora, Morelos, Colima, Puebla, Jalisco, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Campeche, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Oaxaca, Chiapas y Tamaulipas.

Los proyectos en el pleno del máximo tribunal comenzaran a estudiar que los congresos locales no pueden establecer en sus constituciones esa protección a la vida en contravención de la carta magna, que no la contempla, y de tratados internacionales en la materia.

Los ministros deberán resolver si es constitucional otorgar el carácter de individuo (persona humana) al concebido desde el momento de la concepción (o fecundación pues las reformas equiparan estas dos etapas gestacionales) y reputarlo como nacido  para todos los efectos legales, hasta su muerte nacional o no inducida.

Los proyectos del ministro Franco plantean que esa pretensión no es válida: “Aun cuando un cigoto califica como un organismo humano, no se le puede considerar razonablemente como persona o individuo (es decir, como sujeto jurídico o normativo), de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O los tratados internacionales”, sostiene.

Este hecho constituye en un ideologismo liberal, puesto que, salvaguarda la libertad de la mujer en elegir si concebir o no al producto, en donde el Estado o los colectivos no tienen derecho a la intromisión en la conducta privada de sus ciudadanos.

También supone una actitud del Estado congruente con la sociedad internacional al dirigir sus políticas y reformas sin salirse del “hilo” con los tratados internacionales que tiene el Estado mexicano.

Negociar o no negociar, ¿he ahí el dilema?

Ante la pregunta de si se debe o no negociar con el narco el fin de la guerra se plantean dos alternativas: unos dicen que sí y otros dicen que no.

Los que dicen que “no” argumentan: No vale la pena negociar con criminales, eso nunca se hace. Si alguien me roba o secuestra o mata a un pariente ¡qué voy a andar negociando! Al contrario, apelo al contrato sociedad-gobierno en el Estado y llevo a los criminales ante la justicia. Además, que el criminal lo único que hace es dañar a la sociedad y al negociar estoy recompensando dicha actitud y estoy enviando la señal incorrecta: “actúa de manera criminal y serás perdonado tarde que temprano”.

Los que dicen que “sí” exponen lo siguiente: esto es una guerra que ya ha cobrado casi 40,000 muertos. El daño que esto está causando al tejido social y al contrato sociedad-gobierno es incalculable, el Estado se está desmoronando. En cualquier guerra, incluso en las que hay ganadores claros, siempre hay negociaciones al final. El principal problema es la capacidad de infiltración del narco en las instancias gubernamentales, sobre todo en las encargadas de administrar la justicia. Dicha infiltración es imposible de perseguir bajo las actuales circunstancias. La guerra debe finalizar para poder reconstruir la relación gobierno-sociedad.

Sobre el primer bloque de argumentos se podría decir que el problema va más allá de una bola de criminales haciendo de las suyas y luego las autoridades y la sociedad actuando en su conjunto para acabar con el problema. La situación es más complicada que eso. Uno de los grandes problemas de esta guerra es que el enemigo se identifica con o coopta plenamente a las autoridades que deberían perseguirlo. Ojalá todo fuese tan sencillo y se pudiese seguir sin problema alguno el consejo de Calderón de decir ¡ya basta! a los criminales y santo remedio. En la mayor parte de los estados de la república hay autoridades que trabajan para el narco y por más que les digan que ya basta, pues las atrocidades siguen sin una motivación real de cambio.     

Por otra parte, esto no es un problema de administración de justicia, esto es una guerra y cualquiera de los habitantes de este país puede ser una baja, ya sea objetiva o colateral. En una guerra la paz se negocia, es una de las características esenciales de cualquier conflicto bélico. El principal argumento en contra de este planteamiento es que de todas maneras, para donde se muevan las cosas, se va a tener que negociar, y qué mejor hacerlo ahora y no cuando lleguemos a 100,000 muertos.

En relación a la segunda postura, pues hay que pensar qué tipo de negociación se puede llevar a cabo y bajo qué circunstancias se podría obtener una negociación óptima. El gobierno mexicano puede declarar victoria, con o sin el aval del gobierno norteamericano, decir que ya se acabó el problema y que de ahora en adelante el asunto queda en manos de las policías estatales o el famoso mando único; en realidad eso es lo de menos. Esto sólo se lograría pactando con la mayor parte de los cárteles mexicanos. La columna vertebral del pacto sería que Estados Unidos combata al narcotráfico en territorio norteamericano, que los grupos de narcotraficantes se encargasen de acabar con el crimen organizado que se ha generalizado en el país y que el ejército regrese a las barracas.  Esto tan solo sería el comienzo.

El problema con la segunda postura es que no hay garantía de que los narcos lleguen a cumplir su palabra, sobre todo si es cierta la percepción del 60% de los mexicanos de que el narco es el que va ganando la guerra. También se pone en duda de que todos los grupos del narco quieran formar parte de esta negociación. Los grupos del narco que controlan las fronteras con los E.U. serían los más propicios de entrar en la negociación, ya que sus beneficios serían inmediatos, pero otros grupos les daría lo mismo negociar que no negociar; así que mejor no negociar, ¿para qué arriesgar lo que se tiene ya ganado? 

En contra de la negociación estaría la postura del gobierno norteamericano que, en lugar de ver por el bienestar de su ciudadanía que cuenta con altos índices de drogadicción y atender sus problemas al respecto de la manera más efectiva, pues se empecina en resolver sus problemas mediante el combate a la oferta a través de una cínica transferencia de costos de guerra a países de tercer mundo, en este caso Colombia y México.

La suspensión de la guerra en México, negociada o no, parece ser la estrategia dominante. Que Estados Unidos resuelva sus propios problemas, que el gobierno norteamericano le responda a sus contribuyentes con lo que quiera: con programas masivos de educación y reestructuraciones institucionales al respecto (¿si ha funcionado con el alcohol y el tabaco, por qué no con las demás substancias adictivas?), con la legalización de la droga, sacando a la Guardia Nacional en sus propias calles… Pero no más muertos en México.  Actualmente el gobierno mexicano puede tomar la iniciativa de poner fin a la matanza. Después quién sabe, a lo mejor después lo único que funcionaría y ciertamente no para bien, sería un régimen militar que de todas maneras acabe negociando el fin de la guerra, pero que marque la muerte de nuestra incipiente democracia…

Todavía se está a tiempo de evitar más muertes y salvar a nuestra democracia de este endemoniado experimento norteamericano con cabezas mexicanas. De todas maneras, el problema de las adicciones nunca se va a acabar. Siempre va a haber una oferta y una demanda para las substancias adictivas, legales o no, primer mundo o no. Ingenuo aquél que piense lo contrario: nada más hay que revisar la historia de la humanidad de los últimos cinco mil años al respecto…

Dr. Cano

Me declaro infeliz

Nunca falta algún ilustrado que hace comparaciones actualizadas sobre los diferentes niveles de violencia entre México y otras ciudades o países y llegan a la feliz conclusión de que podríamos estar peor. Valiente lío.

Se la pasan diciendo que Washington D.C., Nueva Orleans, Río de Janeiro, Iraq y Afganistán ya quisieran estar como México. Que los niveles de violencia en el país son mínimos comparados con estas apoteosis del exterminio sistemático de vidas en el mundo. Que si bien es cierto que el índice de asesinatos por cada cien mil habitantes se ha más que duplicado del 2008 al 2010, en realidad nos falta mucho para alcanzar niveles preocupantes de violencia… ¡Ándale pues!

En realidad ése es el problema: el incremento vertiginoso de la violencia en nuestro querido México. Hace algunos años no había fosas clandestinas, ni descabezados, ni descuartizados. Y si los había, eran una rareza, más que el común denominador de la violencia. Si uno compara números pelones, pues es posible que hasta acabe uno declarando loco al poeta por su coherente, desesperado y en extremo respetable esfuerzo para cambiar las cosas. Pero por ahí no va.

Reflexionemos. La violencia en el país hace alta y peligrosamente tolerable a la sociedad mexicana de conductas barbáricas y, lo que es peor, la acostumbra poco a poco a resignarse ante la evidente y generalizada falta de justicia: denunciar un pariente desparecido en el norte de la república no es recomendado por las propias autoridades, por la seguridad de la familia del desaparecido. A los muertos de la guerra contra el narco, el único acto de justicia que se les hace es enterrarlos.

Los niños mexicanos son las principales víctimas de esta espiral creciente de violencia institucionalizada. No hace mucho, los niños se la pasaban preocupándose por cosas banales, como si su equipo iba a ganar el campeonato de fútbol, o el subcampeonato en caso de irle al Cruz Azul. Veían caricaturas, jugaban con los amiguitos de la cuadra y algunos ya tenían que trabajar en la calle. Ahora, todos, sin excepción, consideran a la violencia como un aspecto cotidiano de su vida. Sin darse cuenta, la han integrado a su devenir y eso es más preocupante que cualquier otra estadística seria al respecto. En lugar de que la niñez mexicana se convierta en un garantizado guardián del futuro de la incipiente democracia mexicana, se transforma potencialmente en su peor enemigo al razonar que los conflictos se resuelven a punta de madrazos y que la democracia en realidad sirve para dos cosas: para nada y para lo mismo.

Pero el aspecto más importante de la manifestación generalizada y plena de la violencia es la erosión del Estado mexicano. Conforme el Estado oficial pierde el monopolio del uso legítimo de la violencia, el contrato social entre el gobierno y la sociedad pierde validez, se desmorona. Si antes uno pagaba impuestos para garantizar el funcionamiento y protección del gobierno ante la violencia ilegítima, pues ahora uno sigue pagando impuestos, pero no hay manera de ser protegido por el Estado mexicano ante cualquier amenaza o injusticia.

Uno en realidad queda en manos de dios. Lo cual no estaría tan mal, si no es porque uno también paga impuestos al narco, que se empieza a comportar como Estado. Los pagos se hacen más a la de fuerzas que a la de ganas bajo la forma de extorsiones, secuestros, asesinatos, incrementos de acciones criminales en las ciudades y en las carreteras, impartición generalizada de injusticia, altos niveles de corrupción de las autoridades, irrupción perjudicial en la actividad económica y en la vida política, etc. Al narco nomás le falta emitir pasaportes, de ahí en adelante, ya se comporta como Estado. El otro Estado mexicano, el que debería ser legítimo a todas luces, empieza a desvanecerse en la oscuridad del miedo de la ciudadanía. La sociedad mexicana, en los hechos, para sobrevivir, se ve obligada a pactar con los poseedores reales del uso de la violencia: el narco y el gobierno mexicano.

No sé si usted, apreciable lector,  pague impuestos para que le digan: “Ah, pero eso sí, en esta guerra va a haber muchos muertos a tu alrededor para protegerte de los que te quieren hacer daño y en un descuido te toca a ti… bajo advertencia no hay engaño.” Si alguien es feliz en un país que ya se acerca a los cuarenta mil muertos en una guerra que se va perdiendo un día a la vez, pues que dé un paso adelante. Yo no, yo pago impuestos para ser feliz. Y seré feliz en la medida de que ese dinero se use en mi persona, en mi comunidad, en mi ciudad, en mi país. No en balas, persecuciones letales, violaciones sistemáticas de derechos humanos y una galopante corrupción e impunidad de ciertos sectores gubernamentales, ni en intentos banales para que los ciudadanos norteamericanos dejen de drogarse. Bajo estas circunstancias, con mucho gusto me declaro infeliz.

Dr. Cano