La pesadilla mexicana

Cada año, decenas de miles de centroamericanos cruzan México en búsqueda del tan aclamado ‘american dream’. A su paso, muchos encuentran la muerte, otros son mutilados al caer de “la bestia” (tren del que se aferran para llegar al norte); muchos más son secuestrados, torturados o enganchados por el crimen organizado. Podríamos pensar que luego de la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el crimen organizado amplió su gama de posibilidades dando cabida a otros rubros en dónde no tenía o tenía poca influencia. Como mencioné en “Un lado más del dado”, podríamos ver al crimen organizado en esa figura, cambiando con facilidad de una cara a otra, o bien abarcando todas a la vez. El presente artículo busca cubrir un lado más, haciendo obviamente referencia a la cara en que se habla de la trata de personas.

            De acuerdo al Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir, y Sancionar la Trata de Personas, se entiende por trata de personas como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la exploración de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la servidumbre o la extracción de órganos.” Por tanto, y una vez aclarado el concepto central, es conveniente analizar, ¿cómo es que se vincula la trata de personas, con la migración y el crimen organizado en México? En primer lugar, los migrantes –en su mayoría provenientes de Centroamérica- se han convertido en un negocio redondo para muchos; para los coyotes que los estafan, para los delincuentes que los secuestran, para los policías que los extorsionan. En sí, representan por su estatus migratorio un blanco fácil para las organizaciones criminales destinadas a este delito.

Por su parte, también cabe agregar que el sistema de migración mexicano se estructura de manera tal, que se presta a este tipo de agresiones. La existencia de un vínculo de corrupción y extorsión entre policías –tanto estatales como municipales- con los coyotes, permitía una relación que hasta hace algunos años podríamos considerar ‘estable’; existían los abusos, pero no había algo que no se arreglara con sobornos. Ahora pues, con la reciente intervención del crimen organizado en esta estructura –dónde se ha cooptado tanto a policías como coyotes-, los inmigrantes quedan a disposición de las bandas del narcotráfico. Es aquí donde los riesgos y la situación actual se potencializan. Las masacres de migrantes han marcado un hito, hasta el día de hoy analizado por el gobierno mexicano. Su respuesta, una reforma a la ley de migración con la finalidad de reducir las posibilidades al migrante de enfrentarse a tal situación.

A poco más de seis meses de la masacre de migrantes en Tamaulipas, los cambios no se han hecho de esperar. Para el actual director del Instituto Nacional de Migración (INM), Salvador Beltrán del Río la política a seguir deberá radicar en vigilar de una manera más especializada el paso de los inmigrantes; notificarles de los riesgos al momento de salir de sus respectivos países, tratando así de concientizar sobre la situación tanto a inmigrantes como a sus  gobiernos. Lo anterior debido a que la idea de blindar o poner un muro en la frontera sur le parece igual de ilógica e inútil como crear una policía de frontera; sin mencionar lo contradictoria que sería tal postura por la relación con Estados Unidos. La presente ley de migración otorga nuevos elementos para el análisis de la situación, y provee nuevas herramientas para vigilar mejor el paso de los inmigrantes.

La ley eleva a rango de ley al INM, crea un centro de evaluación y control de confianza para los empleados públicos el cual implica la capacitación formación y profesionalización en el área de trabajo. En materia de protección de derechos humanos se incluye un procedimiento para personas vulnerables, principalmente niños, niñas y jóvenes migrantes. Sobre derechos fundamentales, se permite el acceso a los servicios educativos y de salud, procuración de justicia, unidad familiar y el reconocimiento de su personalidad jurídica. Al mismo tiempo descriminalizan a los migrantes y retiran las facultades persecutorias a la Policía Federal, al tiempo en que se imponen sanciones penales a todo aquel que se sorprenda como coyote. En sí misma parece más que adecuada, sin embargo, me gustaría señalar varios puntos al respecto de esta ley.

            En primer lugar, y creo que es el primero que se percibe cuando se piensa en un cambio y un nuevo sentido a una organización es, ¿funcionará?, pues como se considera que el sistema es sumamente corrupto, habría que ver que tal funciona el nuevo centro propuesto en la Ley para mejorar y profesionalizar el sistema. Otro punto a reconocer es la consciencia de la relevancia que tiene para el migrante sacarlo del estigma de criminal y pasarlo a una esfera de confianza; buscando ganar su confianza, el gobierno le ofrece derechos y garantías, mismas que al conocer, puede ejercer y defenderse ante los abusos de autoridad o en su defecto, dejar de temer al acercamiento con el mismo gobierno. Por último, pero no menos importante, resaltar la relación de esta ley con las leyes inmigrantes de los estados del sur en Estados Unidos. Si éste ha sido un intento de mostrar cómo pueden solucionarse los problemas migratorios de manera positiva, habrá que primero considerar que México es un país de paso, hasta ahora no de recepción como lo es Estados Unidos; pero a pesar de esto, con buenos resultados tratando de atender esta situación, veo un progreso conveniente en el tema de la migración. Desafortunadamente, en la actualidad y ante la esfera internacional México será visto como la pesadilla antes de un buen sueño.

Diego A. Martínez

Lic. en Ciencia Política y Administración Pública

Universidad de Monterrey