Por: Brianda Romero Castelan
Filosofía Política
Hoy, cuatro de octubre del
2012, me topé con una noticia titulada Violencia sin precedentes hacia migrantes en
administración calderonista,
en el periódico La Jornada http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2012/10/04/102028063-violencia-sin-precedentes-hacia-migrantes-en-administracion-de-calderon-estudio
.
La
noticia habla de las violaciones a los derechos humanos que sufren los inmigrantes,
pero no se refiere a los mexicanos en Estados Unidos de América, sino a aquellos
que provienen de Centroamérica y Sudamérica y que cruzan nuestro país con el
propósito de llegar a territorio norteamericano.
Resulta
contradictorio que el gobierno mexicano, por un lado, dedique gran parte de su
política, y sobre todo de su retórica, a la defensa de los mexicanos que,
ilegalmente, residen en el país de “las barras y las estrellas”, tratando de
negociar una mayor tolerancia sexenio tras sexenio, descalificando a las
autoridades que cometen abusos y criticando fuertemente al levantamiento del
nombrado “muro de la vergüenza”. Mientras que, por el otro lado, las
autoridades mexicanas han sido acusadas en repetidas ocasiones de cometer fuertes
violaciones a los derechos humanos de los migrantes que por su suelo pasan. Las
agresiones se han llevado a cabo tanto por el uso de la fuerza legítima de la
que el Estado posee el monopolio, de la cual Max Weber habló en La Política Como Vocación, durante la
persecución de migrantes, o bien, atacando albergues humanitarios donde se
amparan; como también ha habido numerosas y brutales agresiones por parte de
grupos de crimen organizado de la cual, señala Ciro Pérez, el Estado es igualmente responsable por omisión. Lo más preocupante de la cuestión es que vaya en
aumento, pues tal como el título del artículo señala, en el último periodo
presidencial ha habido una “violencia sin precedentes”.
Es
en esta incoherencia donde encontramos el verdadero interés del Estado
mexicano, fuertemente inclinado hacia un objetivo político, mas no ético.
En
mi opinión, el gobierno de nuestro país brinda apoyo a los emigrantes ilegales
de nuestro territorio por dos razones que nada tienen que ver con el discurso
político sobre la unidad del pueblo mexicano. En primer lugar, no se debe
olvidar que su trabajo representa una fuerte derrama económica para la Nación, México es
el primer receptor de remesas en América Latina, según datos del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). En segundo lugar se debe tomar
en cuenta el papel que desempeña la opinión pública; es especialmente en
tiempos electorales o de crisis nacionales donde la demagogia nacionalista
cobra mayor fuerza; pero también durante el periodo de la administración, pues
todo gobierno necesita ser considerado legítimo, lo cual, según Stefano Petrucciani
en su libro Modelos de Filosofía Política,
se obtiene únicamente mediante la satisfacción de las condiciones de justicia y
libertad dictadas por el consenso de la sociedad.
Es
visible entonces que la política del Estado no ha considerado la moral. Los
derechos humanos de los migrantes extranjeros no tienen importancia en las
decisiones del gobierno mexicano. Dicha manera de actuar se asemeja a la separación de la ética y la política de Maquiavelo. Para él la
acción política va más allá del bien y el mal y se debe valer de todos los
medios a los que tenga alcance para obtener sus fines. Expresa que “(…) es tanta es la distancia
entre cómo se vive y como se debería vivir, que quien deja aquello que se hace
por aquello que debería hacerse prepara su ruina (…)”. En este contexto, no es motivo de sorpresa que el gobierno mexicano no
sea congruente en el tema de migración.
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