Por Itzel Verónica Otero Sánchez
Relaciones Internacionales-UDLAP
Relaciones Internacionales-UDLAP
Ayer leí un artículo muy interesante en el periódico Reforma. Hablaba sobre mandatarios que han sido enjuiciados y la posibilidad de que nuestro actual presidente, Felipe Calderón, sea juzgado. Dado que éste mes se informó sobre la denuncia de más de 20 mil personas en contra del presidente ante la Corte Penal Internacional, éste mismo periódico explica que sí puede presentarse este tipo de denuncias, que sí reconoce dicha corte los delitos por los cuales es denunciado y que sí pueden proceder.
La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad; tiene personalidad jurídica internacional y no forma parte de las Naciones Unidas aunque se relaciona con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma[1]. La gravedad de las consecuencias ocasionadas por la “guerra contra el narcotráfico” son consideradas por varias personas como motivo para solicitar a dicha Corte, que se inicie una investigación en el país dado que se considera que los más de 34 mil muertos, miles de desaparecidos, la trata de personas y en general los ataques a la población civil caen en el rubro de crímenes de lesa humanidad. Asimismo como existe un conflicto armado en México, los denunciantes pedirán que se investigue tanto al presidente como a su gabinete de seguridad, además de los principales capos de de la delincuencia por cometer crímenes de guerra.
En busca de alguna manera mediante la cual castigar a los responsables de la situación tan violenta que vive el país, el Movimiento por la paz con justicia y dignidad (movimiento que comenzó a tomar forma a partir del 26 de abril de 2011 cuando el poeta Javier Sicilia llamó a los mexicanos a manifestarse en contra de la violencia[2]) ha solicitado al Presidente y al Congreso de la Unión la creación de una Comisión de la Verdad que esclarezca quiénes han sido los responsables de las violaciones a las derechos humanos y asegure la reparación de del daño a las víctimas.
En mi opinión me parece muy bien que la gente busque soluciones al problema, porque muchas veces sólo se quejan y buscan a quién culpar. Que el Presidente sea juzgado por la Corte Penal Internacional en opinión de Luis de la Barreda (fundador de la Comisión de Derechos Humanos del DF y director del ICESI) es difícil ya que primero debe comprobarse que no existe disposición o capacidad del gobierno mexicano para aclarar el asunto además de presentar ante dicha corte un expediente sólido para que inicia la investigación. De modo que la segunda opción, osea la posibilidad de tener una comisión encargada de realizar un proceso de investigación y documentación que permita que las personas que de verdad son responsables lleguen a ser juzgados me parece una maravilla; no es cuestión de revancha o venganza sino de la verdad. Las preguntas ahora serían: ¿Existe la disposición política para lograr la apertura de dicha comisión? ¿Funcionaría? ¿Por cuánto tiempo?.
Periódico Reforma. 30 de octubre de 2011.
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