Diversas opiniones han surgido en respuesta al grado de inseguridad que se vive en el país. Por un lado, se escucha la voz de que una policía única podría solucionar los actos de corrupción e ineficiencia de los ramos inferiores. Otra propuesta que aparece en el tablero es la creación de 32 policías con mando único, que a decir de nuestro presidente es la solución idónea ante la problemática actual. Es importante resaltar que las propuestas anteriores tienen su origen en las élites del gobierno mexicano, así como en académicos sobresalientes; sin embargo, la sociedad ha presentado una nueva propuesta, contraria a todo lo que ha considerado el Gobierno Federal: la vigilancia vecinal.
De entrada, la vigilancia vecinal por sí misma tiene diferentes niveles: vigilar y denunciar, vigilar y atrapar, vigilar y juzgar, y para lo que concierne a este artículo debemos entender la propuesta como el nivel último. Pues es lo que en estos momentos se manifiesta en algunas ciudades del país.
La vigilancia vecinal surge a partir de la incompetencia del Estado para garantizar la seguridad de los mexicanos, el alto grado de desconfianza que tiene la sociedad en las instituciones policiacas, y el hartazgo de los ciudadanos de ser víctimas tanto de las autoridades, como de las bandas criminales. Esta propuesta consiste en la protección de la comunidad por los mismos vecinos, quienes tomarían justicia por su propia mano ante la inexistente aplicación del Estado de Derecho.
Ciertamente, entrar en la discusión sobre si la vigilancia vecinal traería mejores resultados que los hasta ahora obtenidos, sería muy complejo y al mismo tiempo poco confiable. La variable de percepción ciudadana de seguridad no sería útil pues la violencia que se genere pudiera ir más allá de la que actualmente produce la lucha contra el crimen organizado. No estoy diciendo que sea imposible medir sus resultados, simplemente habría que verlos con una perspectiva más crítica que los otorgados por una dependencia de gobierno. Pero en este artículo no se intenta analizar cuál propuesta sería la más conveniente para el país, sino analizar las consecuencias que podrían generarse ante la aplicación de la vigilancia vecinal.
Comentaba con un compañero hace tiempo que el problema del narcotráfico radica en los incentivos que se tienen para formar parte. Bajo ese supuesto, argumentaba que una forma de disminuir los incentivos era armando a la ciudadanía, pues ante el riesgo de perder su vida, el narcotraficante, sicario, delincuente pensaría dos veces antes de cometer una agresión. Por tal, el análisis coste beneficio sería el siguiente. Para el ciudadano el riesgo no cambia, antes de aplicar esta medida peligraba su vida ante el grado de inseguridad, ahora se mantiene esa situación pero con la posibilidad de poder infringir un daño al delincuente. Por su parte, al delincuente se le suman a sus riesgos habituales (policía, otras bandas, salir herido), la incertidumbre de pasar de agresor a víctima en un solo momento; esto teniendo los mismos beneficios que el delito le genera. Por tanto, vemos como con la vigilancia vecinal los incentivos de delinquir disminuyen ante el riesgo de perder la vida a manos de la víctima, lo cual si no elimina los incentivos para integrarse al crimen organizado, sí los reduce considerablemente.
Ahora bien, dentro del marco legal que vivimos la justicia por la propia mano no existe como posibilidad de justicia, sino como un delito más. Sin embargo, la sociedad no actúa con la finalidad de “erradicar el crimen organizado” –objetivo que tendría la policía o el mismo Ejército en la política de Calderón-, sino con la intención de protegerse ante las agresiones de los cárteles del narcotráfico. Éste principio se conoce legalmente como de legítima defensa, y consiste para el jurísta Juan Pablo Acosta García “es el acto por el cual un individuo defendiendo cualquier bien jurídicamente protegido, sea este suyo o de un tercero, material o inmaterial, repele una agresión ilegítima, actual o inminente”. Por tal, que la sociedad busque los medios para defenderse cuando el Estado no ha podido satisfacer esta demanda, es una posibilidad que existe aún desde el punto de vista legal.
Por último, me gustaría mencionar las implicaciones que tiene para la estructura de gobierno el empleo de la vigilancia vecinal. En los lugares donde ha comenzado a emplearse este nuevo modelo de seguridad (la mayoría en Chihuahua), las instituciones policiacas han sido suprimidas del sector público al ser acusadas de corruptas e ineficaces en el cumplimiento de sus funciones. Considero que llegar al extremo de erradicar todo indicio de institucionalidad gubernamental de un rubro tan importante como lo es seguridad pública no pareciera tan conveniente, entiendo los motivos, pero no se puede ignorar el riesgo de caer en el Estado primitivo donde el más fuerte dirija a todos los demás. Debo reconocer que la anterior situación pudiera convertirse en un trabajo fascinante ante las muchas formas en que las bandas criminales puedan reaccionar, pero ese sería material para un artículo más.
La sociedad se siente abandonada, y no le basta el acompañamiento de un político con frases de aliento y palabras motivadoras, exige acciones; y ante la nula reacción del Estado la sociedad ha decidido tomar sus propias medidas. La vigilancia vecinal es un modelo que si no es perfecto, dará a cada ciudadano su propia percepción de seguridad y será un mensaje claro a quienes gobiernan el país de manera ineficiente. Al lado del mando único marcha la vigilancia vecinal, que si de manera separada cada una no alcanzaría el éxito, una mezcla de las dos sería una solución interesante.
Diego A. Martínez
Lic. en Ciencia Política y Administración Pública
Universidad de Monterrey
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