Leyes antiinmigrantes

A mediados del 2010, los gobernadores republicanos de la frontera con México dejaron en claro que la espera por una reforma migratoria había concluido. Con la ley SB-1070 en Arizona, los republicanos pretendieron menospreciar el éxito reciente de Obama en materia de salud, y comenzar una nueva plataforma para las elecciones intermedias en noviembre del mismo año. Hoy sabemos que lo consiguieron. Sin embargo, la política bipartidista de Estados Unidos no es lo que incumbe al siguiente artículo. Es la creciente inseguridad en el territorio mexicano producto de la mal llamada “guerra contra el narco”, y las reacciones de su contraparte estadounidense lo que da a este espacio su razón de ser.

            La ley SB-1070 fue promulgada el mes de abril por la gobernadora Jan Brewer. La aplicación de la misma vendría cuatro meses más tarde sino se hacía algo por impedirlo. La ley era determinante, daba la condición de criminal al migrante que fuese sorprendido en estancia ilegal en el estado, y los policías tenían la libre facultad de interrogar a cualquiera que fuese por la calle y pareciera sospechoso. Las críticas y demandas no se hicieron de esperar, se catalogó a la ley como discriminatoria y agresora hacia los derechos humanos. Días antes de su aplicación, se presentó una resolución del gobierno federal. La ley pasaría, pero sin sus elementos discriminatorios. A pesar de esta obstrucción, la ley sirvió de ejemplo para otros estados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, y desde aquella fecha, se han presentado proyectos similares en Texas, California, Nuevo México, Pennsylvania, entre otros.

            En aquel momento, los estados fronterizos parecieron tener una razón que justificara las legislaciones tan estrictas, su principal motivo era el temor a que el crimen organizado cruzara a los Estados Unidos. La lógica de los gobernadores consistía en que la cantidad de inmigrantes que llegaban a la frontera caían en manos de los coyotes vinculados con el narcotráfico, quienes los obligan a pasar droga a territorio americano o en su defecto, a convertirse en sicarios a cambio de cruzar a ese “mundo de oportunidades”. Sin embargo, días atrás una noticia me dio la justificación necesaria para traer de vuelta al debate la utilidad de éstas legislaciones. Circuló por internet una investigación realizada por el Center for American Progress, en donde se reveló la existencia de vínculos entre las grandes empresas privadas carcelarias en Estados Unidos con miembros cercanos a la gobernadora Brewer, muchos de los cuales, fueron promotores decisivos para la elaboración y aprobación de la ley en cuestión.  La Corrections Corporation of America (CCA), empresa privada que administra 65 cárceles y centros de detención a migrantes –dice el documento-, recibió en el 2010 la suma de 74 millones de dólares por realizar dicha función. En base a esto último, me queda entonces la duda de si las intenciones expuestas por los gobernadores fronterizos en defensa de sus ciudadanos sea en su totalidad veraz, o en su defecto, la máscara perfecta para favorecer a un grupo de empresarios que se regocijan de la desdicha de los inmigrantes latinoamericanos.

            A pesar de lo anterior no busco juzgar tales acciones, mi intención es aclarar la dura situación a la que se expone a los inmigrantes con éste tipo de legislaciones. Por un lado, los migrantes salen de sus rancherías escapando del riesgo que ha generado la expansión del narcotráfico a las regiones rurales, dónde se dedican a sembrar y cosechar mariguana y amapola. Al llegar a la frontera, vuelven a encontrarse con el peligro del crimen organizado, que se ofrece a llevarlos a ese mundo tan esperado a cambio de ciertos favores que van desde el tráfico de cierta cantidad de droga, hasta la trata de personas y la prostitución. Ahora, además de todo este peligro, agregarle el riesgo de ser atrapado y juzgado como criminal. No veo en éste tipo de leyes –y pensando que su intención sea principalmente impedir el fortalecimiento del crimen organizado-, la manera de dar solución a un problema cuando lo único que se hace es presionar con más ímpetu a las víctimas.

           Pareciera que a un par de meses para acá los dirigentes tanto de México como de Estados Unidos han entendido algo. Se ha llegado al consenso –luego de una gran cantidad de dimes y diretes-, que el problema no es nacional: ni exclusivamente mexicano, como no lo es del todo estadounidense. Se ha resuelto de igual manera que con políticas binacionales tampoco puede erradicarse éste problema, por tal, nos lleva a la conclusión de que lo que se necesita son acciones transnacionales. ¿Cómo hacerlo?, bueno ese sería un tema perfecto para un artículo posterior.

Diego A. Martínez

Lic. en Ciencia Política y Administración Pública

Universidad de Monterrey