En búsqueda de la mejor política pública en materia de seguridad, el presidente Felipe Calderón ha convocado a los diversos sectores de la sociedad a dialogar sobre las medidas que debiera tomar el Estado para enfrentar al crimen organizado. La Iniciativa Privada (IP), diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG), especialistas en la materia, la Iglesia, los medios de comunicación, los gobernadores, ministros de la Corte y dirigentes de los partidos han sido convocados a dar su opinión en este tema. Sin embargo, ésta medida se ha quedado muy lejos de lo que se esperaba que fuera, debido a lo poco que se escuchó de lo mucho que se dijo.
Las conclusiones de éstos diálogos podemos resumirlas en las siguientes dos: Calderón está decidido a mantenerse en su línea dejando al Ejército en las calles hasta el fin de su mandato, y la segunda, que el Estado mexicano se está quedando sin recursos para financiar esta “guerra” pues Calderón está dispuesto a sacrificar programas sociales que “no han sido tan exitosos” o aumentar impuestos. Ciertamente uno se lleva una gran decepción al ver que para un Estado la visión de un “Plan B” es una idea por demás distante, y se agobia aún más ante el daño que la necedad de una persona en el poder puede causar. Sin embargo, el fin de este texto no es evidenciar lo que por todos ya es visible, el presente artículo tiene su origen en una realidad que describe al Estado mexicano: es un gobierno dividido, lo que lo hace poco funcional y sin duda ineficiente.
Debo dejar en claro que no busco conceptualizar a México como un Estado fallido, pues ese es tema para otro momento. Por tanto, nos concentraremos en el significado de gobierno dividido, cómo se hizo manifiesto en estos diálogos y el impacto que esta condición tiene en el actuar del Estado mexicano.
Al hablar de gobierno dividido hago referencia al concepto que le da Nohlen: “término técnico de la ciencia política para caracterizar las relaciones de gobierno en el presidencialismo bajo las condiciones de mayorías partidarias divergentes en el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo.” (2006) En el caso mexicano, el PAN se encuentra en el Ejecutivo y una composición de PRI, PRD, PT, Verde Ecologista y Convergencia abarcan el Legislativo. La fuerte necesidad de negociación ha desembocado en una lucha entre poder y orgullo, pues los líderes parlamentarios buscan desacreditar al presidente exigiéndole que reconozca su fracaso en materia de seguridad pública, mientras que el presidente les exige a los legisladores una mayor participación en la política pública que “solucionará el problema”.
De la respuesta de los líderes parlamentarios a los diálogos vemos como la situación del Estado mexicano lo vuelve vulnerable. De los invitados sólo Navarrete, líder del PRD en la Cámara de Senadores confirmó su asistencia; así como también los representantes de Convergencia quienes desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” estuvieron en contra de la política de Calderón. ¿Qué movió a los legisladores a ausentarse? En primer lugar, a la vista de los partidos de izquierda (PRD y PT) Felipe Calderón nunca fue electo presidente, por lo cual asistir a un evento de este tipo sería incongruente. Desde la mirada del PRI, la negativa a esta invitación va desde nociones electorales, hasta la idea de que Calderón no está dispuesto a cambiar el sentido de su política de seguridad. Por lo que vieron en los “diálogos” sólo una conferencia y poca acción.
El gobierno dividido ha diezmado el impacto que la acción gubernamental pueda generar. Esto vuelve evidente la débil situación en la que se encuentra el Estado mexicano al enfrentarse con las redes del narcotráfico. Por tanto, no es sólo el limitante de una cantidad determinada de recursos lo que reduce la acción del Estado, sino que también el comportamiento del sistema político mexicano le impide tomar decisiones y actuar en el momento oportuno. Un Estado dividido sin una idea clara de acción lo vuelve ineficiente e incapaz ante lo bien estructuradas que están las redes del crimen organizado.
Diego A. Martínez
Lic. en Ciencia Política y Administración Pública
Universidad de Monterrey
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