jueves, 3 de febrero de 2011

El pacto “medios-narcotráfico”

Los medios de comunicación son una herramienta que tiene el ciudadano para estar informado sobre lo que sucede en su entorno. Con el brote de violencia, las profesiones como reporteros y fotógrafos se han vuelto de las más riesgosas del país. Las casas editoriales se han visto atacadas por un doble frente difícil de controlar; por un lado se encuentran las organizaciones criminales, quienes aprovechan el rol que juegan los medios de comunicación para difundir el temor y la psicosis que corrompen los valores de la sociedad. Y por el otro, tienen la presión del Estado, que con fines de estar en buenos tratos con la sociedad, exige a los medios suprimir cierta información que pondría en riesgo su legitimidad. Todo esto golpea no sólo a largo plazo la validez de un periódico o noticiero, sino que también a corto plazo ha generado un fenómeno de violencia hacia los periodistas: extorsión, amenazas, levantones y asesinatos.

            Ante la presente situación el periódico “El Diario” (Cd. Juárez) publicó hace unos días una carta titulada “¿Qué quieren de nosotros?” en la que solicitan a los líderes de las organizaciones criminales fijar las reglas “sobre lo que debe o no ser publicado”, reconocen como “líderes de facto” de Ciudad Juárez a estas bandas criminales, y recriminan la nula respuesta que ha dado el Estado a las constantes peticiones de protección que los periodistas han solicitado. Cabe aclarar que los autores de la carta no consideran esto como una rendición ante el crimen organizado, sino más bien una tregua.

La idea del pacto narcotráfico-sociedad ha sido discutida por diversas autoridades del Estado y estudiosos de seguridad nacional creando un fuerte debate sobre si debería o no aceptarse. Sin embargo, este artículo no busca juzgar la decisión del pacto, sino analizar el impacto que este tendría en la validez de los medios que hoy en día comienza a deteriorarse de manera acelerada.

            Con toda la censura que ha venido generándose a partir de este doble frente que oprime a los medios de comunicación surge en mí la cuestión de si este pacto con el narcotráfico afectará la validez de la información que otorgan los medios. Considero que existe un alto costo social en el mismo. “El deber o la vida”, es el dilema de los periodistas, ¿pero el de la sociedad? Ciertamente se afecta la validez de la información, posiblemente no en todas las secciones pues existen temas que no le interesan a las organizaciones criminales, sin embargo, aquella información que ofrezcan las secciones de incumbencia al narcotráfico deberán verse con una actitud escéptica, pues surgen de un interés que busca evidenciar el fracaso del Estado, de destapar a los funcionarios públicos que permiten los abusos, y de generar el miedo en la sociedad.

            Buscando evitar que otros periódicos sigan los pasos que tomó “El Diario”, el Gobierno Federal ha propuesto el Plan de Protección para periodistas mismo que se compone principalmente en “otorgar seguridad personal, el cambio de ciudad si el periodista corre riesgo de ataque, y una reforma legal para convertir los asesinatos de periodistas en delitos federales.” De alguna manera esta medida puede ser vista como una solución ante la problemática; sin embargo, deja mucho que desear en su formulación pues no es garantía de la seguridad de los periodistas. A continuación algunas de las razones por las que considero poco eficiente esta propuesta.
            La seguridad personal de los periodistas amenazados tiene dos puntos de inflexión, por un lado la insuficiencia de elementos que existen para dedicarse a esta actividad, sin mencionar que es un servicio que no han podido a otorgar a otros miembros del sector público, ¿cómo harían para atender a particulares? Por el otro lado, la posibilidad de infiltración en las autoridades policíacas tampoco garantiza que éstas últimas cumplan cabalmente sus funciones, lo cual deja un amplio margen de inseguridad hacia los periodistas.

Pareciera que la opción de cambiarlos de ciudad para que sigan en sus labores en otro lado es una opción viable para otorgarles seguridad, pero el poder del crimen organizado no está en una sola ciudad o estado, se encuentra disperso en diferentes zonas (hablando inclusive de una misma organización), por lo que a pesar de ser una buena idea, es necesario realizar estudios generales para la adecuada aplicación de esta parte del plan.

Por último ante la opción de una reforma legal me pregunto ¿sería realmente efectivo el cambio? En México la mayoría de los delitos que se cometen quedan impunes y una autoridad no puede proceder en caso de una amenaza pues no está tipificado cual delito. Entonces, ¿el hecho de que el delito ahora sea jurisdicción federal cambiará algo? Creo que tampoco sería una opción con la cual los periodistas pudieran sentirse seguros.

            Vemos en la actualidad cómo la sociedad ha llegado a un límite, una situación que ha obligado a ciertos sectores (obviamente los más vulnerables) a tomar medidas personales, pues el Estado se encuentra en una condición de incompetencia que no ha sabido resolver. Vemos sus esfuerzos por cumplir con su deber de resguardar la sociedad, pero se queda lejos de lo que en estos momentos la misma necesita. El pacto en algunos sectores de la sociedad ya comenzó, ¿será este el medio para salir de la inseguridad que nos agobia?
Diego A. Martínez
Lic. en Ciencia Política y Administración Pública
Universidad de Monterrey

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