Desde que comenzó este espacio, se ha analizado al narcotráfico de una manera unilateral. Lo anterior visto de la siguiente manera, imaginemos al crimen organizado como un dado, por un lado está el móvil más grande que son las drogas, en las demás caras podríamos ubicar el tráfico ilegal de armas, los narcopolíticos, la trata de personas, el lavado de dinero, entre otros. Reconozco que en una simple introducción la idea pudiera no quedar clara, sin embargo, podré en artículos posteriores enfocarme en cada una de las caras del dado. Por tal, el presente artículo busca analizar la condición y consecuencias del tráfico de armas.
Generalmente tenemos la noción de que el narcotráfico sólo se dirige al norte, o mejor dicho, hacia Estados Unidos. Sin embargo, el problema del crimen organizado ya no es simplemente el transporte y distribución de la droga; implica también, como dije anteriormente, otros tipos de crímenes como lo es el tráfico ilegal de armas. Desde el comienzo de la mal llamada “guerra” contra el narcotráfico, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha insistido en que el problema del crimen organizado es un tema binacional, ambos países son partícipes y víctimas del mismo, y no sólo por la simple y lógica razón de que en Estados Unidos se encuentre el mayor mercado de adictos en el mundo –aproximadamente 72 millones-, sino la realidad de que Estados Unidos es el mayor proveedor de armas de grueso calibre para los cárteles mexicanos. No sabría decir exactamente desde cuando existe esta realidad, no obstante, lo que necesitamos saber el día de hoy son los motivos para que exista, van desde la protección en contra de los miembros de los otros cárteles, la protección de las respectivas “plazas”, así como el de poder enfrentar a policías y militares que puedan ser un problema para cometer su labor; todo esto aunado a la facilidad para obtener un arma, que por ley se encuentra en la segunda enmienda, donde se dota a los ciudadanos americanos del derecho a poseer armas para su defensa.
En la política de Estados Unidos, el tema del tráfico ilegal de armas ha sido un punto olvidado de la agenda. El problema del narcotráfico se ha visto con diferentes rostros, pero nunca con el de las armas. Se promovió la Ley SB-1070 en el Estado de Arizona contra los inmigrantes, pues se pensaba que eran éstos quienes traían la droga al pasar la frontera; su lógica era, no migrantes, no droga, no adictos. Por su parte, en el Estado de California se consideró la legalización de la mariguana para consumo personal, con la intención de poder tener un mejor control sobre la cantidad de adictos que existen en el Estado. En Texas no es diferente, se han promovido leyes contra inmigrantes y de igual manera, poco o nada sobre la regulación de compra y venta de armas. Hice referencia a los tres Estados anteriores, pues es en ellos donde se concentran aproximadamente 60 mil comercios autorizados para la venta de armas y al ser fronterizos se vuelven un medio accesible para el crimen organizado.
Pero, ¿por qué no se han hecho regulaciones más rígidas a la comercialización de armas? Por un lado, hay quien piensa que los cabilderos de las grandes industrias de armas en Estados Unidos tienen una fuerte influencia en el Congreso, por otro lado la importancia que tiene el sector de armas y la guerra para el desarrollo económico del país, o pudiera ser meramente una actitud egoísta de los líderes estadounidenses, puesto que al ser una actividad redituable y a todas luces legal, no ven el móvil para regular, entorpecer, o desincentivar éste mercado. Razones pudiera haber muchas, lo que sí es una realidad es que para los comerciantes estadounidenses, el destino o paradero de las armas no es una consideración relevante, siempre y cuando, los documentos estén en orden al momento de la transacción.
Cabe recalcar, como mencioné en el artículo de “Haciendo leña del árbol caído”, que existen en la sociedad estadounidense creencias que dificultan la posibilidad de una futura regulación de la compra y venta de armas. La decepcionante realidad es que la mayoría piensa que el problema del crimen organizado es una causa perdida para Estado mexicano, y mientras que el ciudadano americano no vincule el gramo de coca que consuma, o el cigarro de mariguana que fume, o el arma que compre a nombre de algún narcotraficante con los ya cerca de 30 mil asesinados en México, no podremos garantizar un final próximo para esta situación cada vez más seria.
Diego A. Martínez
Lic. en Ciencia Política y Administración Pública
Universidad de Monterrey
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