En México tenemos un sistema político que se define a sí mismo como sistema federal, compuesto por cuatro niveles de gobierno: Federación, Estados, Municipios y Distrito Federal. La Federación habla de las autoridades –ejecutivo, legislativo y judicial-, que se encargan de lo que implica el Estado mexicano como un todo. Por su parte, los Estados según nuestra Constitución Política, son libres y soberanos hacia su régimen interior, condición que les permite regularse y decidir sobre las cuestiones internas de gobierno. Los municipios se rigen bajo un modelo similar al que vemos dentro de la relación “Federación-Estado”, según el artículo 115 constitucional se determinan libres, lo que les da autonomía con respecto a los otros entes del sistema federal. La condición del Distrito Federal, no tiene relevancia para los fines que el presente artículo persigue, por lo que no veo conveniente hablar del mismo por el momento.
Ciertamente no busco en este espacio dar una explicación de la composición del Estado mexicano, ni mucho menos tratar de buscarle soluciones a los problemas estructurales que la organización misma padece. La intención surge a partir de una realidad conocida: los municipios son quienes enfrentan a las redes del narcotráfico de manera más directa y al mismo tiempo, son quienes menos preparados están para tal operación. De los 2,400 municipios, actualmente 400 se encuentran sin un cuerpo policíaco, y el 90% de los que si tienen cuentan con menos de 100 elementos en su nómina. Esto se vuelve todavía más alarmante al saber que el 61% de estos policías reciben un salario menor de 4 mil pesos mensuales (310 dólares), lo que vuelve altamente tentadora la oferta de los cárteles a trabajar menos por recibir más.
Como mencioné en el artículo Realidades de un pueblo de 30 personas el Estado mexicano ha creado áreas de incertidumbre que las redes del narcotráfico han aprovechado para posicionarse de manera firme dentro del sistema federal mexicano. ¿Estaré diciendo con esto que la composición del Estado mexicano como sistema federal ha propiciado la fuerte base en la que se respaldan las organizaciones delictivas? Honestamente no pienso que sea así. El sistema federal por sí mismo no genera estas condiciones idóneas para el crimen organizado. Son cuestiones como el alto grado de dependencia económica que existe entre los municipios y estados hacia la federación, o la incompetencia que poseen estos niveles gubernamentales en materia de seguridad u, oferta laboral, entre otras, lo que abre el nicho al narcotráfico. Es por esto que el municipio se ha vuelto vulnerable. Al momento de encontrarse frente a frente con las organizaciones criminales sólo tienen de dos opciones: “plata o plomo”, no hay más. Actualmente, según los medios de comunicación, han sido por lo menos 11 alcaldes y exalcaldes los que han sido asesinados o desaparecidos durante los 15 meses anteriores. Por su parte, sólo en el Estado de Durango se han descubierto 10 ediles que colaboraban con el narcotráfico. Como dije, las opciones de un alcalde ante el crimen organizado son dos: “plata o plomo”.
Ahora bien, pensando en el supuesto ideal, los municipios deberían tener los medios para enfrentar al crimen organizado. Lo que sucede en realidad es que las policías municipales se corrompen con facilidad –con un salario menor a 4 mil pesos mensuales (310 dólares), se puede entender- pues el narcotráfico les ofrece quincenalmente de 4 a 25 mil pesos (310 a 1,925 dólares) dependiendo el sapo la pedrada, desde policías de calle, coordinadores, comandantes y directores de área. Es por esto que dejan de lado sus deberes con el Estado mexicano fortaleciendo así el poder de las redes del narcotráfico.
En respuesta a tal situación, el Presidente Felipe Calderón ha propuesto, en los “Diálogos por la Seguridad”, la creación de una policía única que proveerá la seguridad inclusive a los municipios que carecen de un cuerpo policíaco. La propuesta es interesante: evitar las pequeñas corporaciones fáciles de corromper, para evitar que el crimen organizado se siga fortaleciendo. Sin embargo, volvemos a la composición del sistema federal que nos habla de un Municipio Libre, y francamente la creación de esta policía única atenta completamente a este principio. ¿Será válido sacrificar la libertad interior de los municipios a cambio de un nuevo modelo para la seguridad en el país? En lo personal no veo motivo por el cual no podamos arriesgarnos, si es más que evidente que el presente modelo no está funcionando, ¿por qué no intentarlo? La realidad se vuelve cada vez más complicada, y la inacción podría traer más repercusiones que el intento de algo nuevo. Si el Estado mexicano desea hacer algo, el momento es ahora.
Diego A. Martínez
Lic. en Ciencia Política y Administración Pública
Universidad de Monterrey
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